Dos visiones políticas y, como tal, dos estilos opuestos que tienen una concepción abismalmente diferente sobre el manejo del Estado, son los referentes públicos en que gira la actual coyuntura política colombiana.
Por un lado, está el modelo del Estado comunitario que lidera el presidente Álvaro Uribe, donde el fundamento está en la fuerza y en la autoridad, encarnadas en el caudillismo y el mesianismo que descalifica a los partidos, las organizaciones y las instancias de intermediación entre la sociedad y el Estado; y en el extremo opuesto, se encuentra la concepción del Estado Social de Derecho, cuya filosofía garantista en la que se enmarca el accionar del alcalde de Bogotá, Lucho Garzón, pretende que los derechos económicos, sociales y culturales sean una realidad y no una mera ficción.
Uribe y Garzón, en definitiva, son los dos referentes políticos e ideológicos al despuntar el siglo XXI en Colombia. Dos liderazgos, uno de derecha neoliberal, el otro de corte socialdemócrata que, necesariamente e ineludiblemente, deben cohabitar en el espectro institucional del país.Esa divergencia ideológica ha ocasionado que en más de una oportunidad Alcalde y Presidente hayan tenido enfrentamientos que si bien se han zanjado amigable y diplomáticamente, el que ha llevado las de perder ha sido el mandatario paisa.
La primera diferencia, si se quiere ideológica, que subsiste entre ambos, recae en el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia negocia con Estados Unidos. Garzón ha manifestado en todos los tonos que tiene “profundas reservas sobre la forma y el contenido del tratado que se está negociando”, por cuanto que no “puedo aceptar compromisos que limiten las competencias constitucionales asignadas al Distrito Capital, incluyendo las funciones tributarias, ambientales y de ordenamiento territorial”.Mientras el primer mandatario tiene prisa porque se termine de negociar el TLC pese a los resquemores de varios sectores de la producción y la industria nacionales, el Alcalde no es para nada optimista con las consecuencias que el mismo va a tener en la ciudad capital, dado que “la industria de Bogotá produce para el mercado interior, el cual quedará más expuesto, y muy poco para exportar”. Advierte, además, que con este instrumento de apertura comercial, tampoco habrá mercados para la agricultura regional; pone en peligro la seguridad alimentaria estratégica de Bogotá –base del programa Bogotá sin hambre- y provocaría migraciones campesinas masivas”.
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